Nilda Garré presentó un proyecto para sancionar con prisión el negacionismo
La Nación (12/02/2017).- La iniciativa de la diputada del FPV establece penas de hasta dos años de cárcel para quienes nieguen o justifiquen en público cualquier crimen contra la humanidad; se agrava si es funcionario público.
La diputada nacional Nilda Garré (Frente Para la Victora- PJ) presentó un proyecto de ley para incorporar al código penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo. "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad", consigna el proyecto presentado por la ex ministra de Defensa y Seguridad.
La pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años.
Además, el proyecto indica que los recursos recaudados a través de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La ex funcionaria kirchnerista presentó la iniciativa luego de la polémica por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien sostuvo que durante la última dictadura militar "no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer" personas. Afirmó que fue un "torpísimo golpe de Estado" y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras". Sus declaraciones generaron el repudio de todo el arco opositor y de los referentes de los organismos de Derechos Humanos, que reclamaron a Mauricio Macri que desplazara al funcionario. Ante la ola de críticas, la Casa Rosada se despegó de la postura de Gómez Centurión y aclaró que esa no era la visión del Ejecutivo. El jefe de la Aduana emitió un comunicado en el que se disculpó, pero no se retractó.
Entre los fundamentos de su propuesta, la legisladora recordó que algunos integrantes del Gobierno negaron en los últimos meses "el alcance del terrorismo de Estado".
"En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina", apuntó.
El proyecto
El proyecto tiene como objetivo reformar el Código a fin de introducir "un nuevo tipo penal" que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones "revisten un carácter más gravoso".
La diputada detalla algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.
En Austria, la ley conocida como "Verbotsgesetz" prohíbe la negación del holocausto nazi y establece: "Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión".
En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
APOSTILLA de ANC:
Parece que Nilda, o mejor dicho Teresa como era llamada en los montes tucumanos, no advierte el peligro que conlleva que se sancione una ley como la que intenta con su proyecto.
Es una mujer inteligente y por tanto no puede desconocer que, de existir una ley que reprima la opinión o interpretación de un hecho histórico, corremos el riesgo de que las facultades de historia de nuestro país cierren sus puertas o que se transformen en meras repetidoras de "relatos oficiales" o "dogmas históricos". ¿Quién en su sano juicio se va a dedicar a la investigación histórica so pena de prisión?
Ella misma menciona como antecedentes del flamante proyecto las normas europeas que prohíben la opinión "negacionista" del relato oficial de los hechos transcurridos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado de dichas legislaciones? Decenas de historiadores presos o censurados, los cuales provenían de distintas ideologías, algunas incluso contrarias. A este respecto vale recordar que el padre de lo que algunos llaman "negacionismo del holocausto", y que otros llaman "revisionismo" del mismo, no es un nacional socialista, ni un fascista, ni siquiera un referente de la derecha, sino que es un anarquista francés. Nos referimos a Paul Rassinier, quien durante la ocupación Alemana en Francia fue un militante comunista integrante de la Resistencia Francesa y que estuvo detenido en el campo de concentración nazi de Buchenwald. ¿Qué llevó a un anarquista francés víctima de los nazis a contradecir la versión oficial? ¿Hacer una reivindicación de la ideología nacional socialista? Lógicamente que no. Lo que lo llevó fue el amor por la verdad, o mejor dicho lo que él estaba convencido que era verdad. Y si estaba equivocado en sus afirmaciones, ello se soluciona con una investigación que las superé en los argumentos, pero nunca con prisión o censura. Quien cree que tiene la verdad, no tiene por qué tener miedo a defenderla o a ponerla en debate con otras opiniones.
Pero más allá de ello, Teresa y sus camaradas tampoco pensaron que una ley así también se les podría venir en contra.
Es que el proyecto intenta reprimir a quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad, y como sabemos los actos de terrorismo, como los que perpetraron Montoneros y ERP durante el gobierno constitucional de Perón e Isabel, tipifican como delitos de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional.
¿Acaso, los libros de Verbitsky, Bonasso y demás intelectuales orgánicos progresistas no son una negación, minimización, justificación o aprobación de los actos terroristas perpetrados por las organizaciones armadas?
La foto replicada en redes sociales por Pablo Marchetti, ex director de la Revista Barcelona y esposo de Victoria Donda, en la cual posa con una remera con el escudo de Montoneros ¿No es una aprobación pública de los actos de terrorismo cometidos por dicha organización?
Cuando desconocen la ejecución de Rucci y la sentencia a muerte del Padre Múgica. ¿Eso no es negacionismo?
O cuando dicen que la muerte de Cristina Viola de tres años fue un mero error y que fue consecuencia de los fusilamientos de dieciséis erpianos en Catamarca ¿Eso no es minimizar o justificar semejante aberración?
Por ello cuidado Teresa ... que vos, tus camaradas y los "nostálgicos" setentistas pueden ser "víctima" del propio "veneno" que intentan legislar.
Pero no subestimemos a la comandante Teresa y compañía, ya que de tontos no tienen un pelo. Quizás la explicación a tal proyecto sea que prefieren correr éste riesgo antes de que salga a la luz el negociado de las indiscriminadas y abultadas indemnizaciones a "víctimas del terrorismo de Estado" que se concedieron durante la década kirchnerista. El mismo negociado que ahora quieren hacer por "derecha" Victoria Villarroel y el macrismo con la excusa de indemnizar a las "víctimas de actos terroristas de las organizaciones subversivas".
La pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años.
Además, el proyecto indica que los recursos recaudados a través de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La ex funcionaria kirchnerista presentó la iniciativa luego de la polémica por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien sostuvo que durante la última dictadura militar "no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer" personas. Afirmó que fue un "torpísimo golpe de Estado" y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras". Sus declaraciones generaron el repudio de todo el arco opositor y de los referentes de los organismos de Derechos Humanos, que reclamaron a Mauricio Macri que desplazara al funcionario. Ante la ola de críticas, la Casa Rosada se despegó de la postura de Gómez Centurión y aclaró que esa no era la visión del Ejecutivo. El jefe de la Aduana emitió un comunicado en el que se disculpó, pero no se retractó.
Entre los fundamentos de su propuesta, la legisladora recordó que algunos integrantes del Gobierno negaron en los últimos meses "el alcance del terrorismo de Estado".
"En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina", apuntó.
El proyecto
El proyecto tiene como objetivo reformar el Código a fin de introducir "un nuevo tipo penal" que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones "revisten un carácter más gravoso".
La diputada detalla algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.
En Austria, la ley conocida como "Verbotsgesetz" prohíbe la negación del holocausto nazi y establece: "Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión".
En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
APOSTILLA de ANC:
Parece que Nilda, o mejor dicho Teresa como era llamada en los montes tucumanos, no advierte el peligro que conlleva que se sancione una ley como la que intenta con su proyecto.
Es una mujer inteligente y por tanto no puede desconocer que, de existir una ley que reprima la opinión o interpretación de un hecho histórico, corremos el riesgo de que las facultades de historia de nuestro país cierren sus puertas o que se transformen en meras repetidoras de "relatos oficiales" o "dogmas históricos". ¿Quién en su sano juicio se va a dedicar a la investigación histórica so pena de prisión?
Ella misma menciona como antecedentes del flamante proyecto las normas europeas que prohíben la opinión "negacionista" del relato oficial de los hechos transcurridos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado de dichas legislaciones? Decenas de historiadores presos o censurados, los cuales provenían de distintas ideologías, algunas incluso contrarias. A este respecto vale recordar que el padre de lo que algunos llaman "negacionismo del holocausto", y que otros llaman "revisionismo" del mismo, no es un nacional socialista, ni un fascista, ni siquiera un referente de la derecha, sino que es un anarquista francés. Nos referimos a Paul Rassinier, quien durante la ocupación Alemana en Francia fue un militante comunista integrante de la Resistencia Francesa y que estuvo detenido en el campo de concentración nazi de Buchenwald. ¿Qué llevó a un anarquista francés víctima de los nazis a contradecir la versión oficial? ¿Hacer una reivindicación de la ideología nacional socialista? Lógicamente que no. Lo que lo llevó fue el amor por la verdad, o mejor dicho lo que él estaba convencido que era verdad. Y si estaba equivocado en sus afirmaciones, ello se soluciona con una investigación que las superé en los argumentos, pero nunca con prisión o censura. Quien cree que tiene la verdad, no tiene por qué tener miedo a defenderla o a ponerla en debate con otras opiniones.
Pero más allá de ello, Teresa y sus camaradas tampoco pensaron que una ley así también se les podría venir en contra.
Es que el proyecto intenta reprimir a quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad, y como sabemos los actos de terrorismo, como los que perpetraron Montoneros y ERP durante el gobierno constitucional de Perón e Isabel, tipifican como delitos de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional.
¿Acaso, los libros de Verbitsky, Bonasso y demás intelectuales orgánicos progresistas no son una negación, minimización, justificación o aprobación de los actos terroristas perpetrados por las organizaciones armadas?
La foto replicada en redes sociales por Pablo Marchetti, ex director de la Revista Barcelona y esposo de Victoria Donda, en la cual posa con una remera con el escudo de Montoneros ¿No es una aprobación pública de los actos de terrorismo cometidos por dicha organización?
Cuando desconocen la ejecución de Rucci y la sentencia a muerte del Padre Múgica. ¿Eso no es negacionismo?
O cuando dicen que la muerte de Cristina Viola de tres años fue un mero error y que fue consecuencia de los fusilamientos de dieciséis erpianos en Catamarca ¿Eso no es minimizar o justificar semejante aberración?
Por ello cuidado Teresa ... que vos, tus camaradas y los "nostálgicos" setentistas pueden ser "víctima" del propio "veneno" que intentan legislar.
Pero no subestimemos a la comandante Teresa y compañía, ya que de tontos no tienen un pelo. Quizás la explicación a tal proyecto sea que prefieren correr éste riesgo antes de que salga a la luz el negociado de las indiscriminadas y abultadas indemnizaciones a "víctimas del terrorismo de Estado" que se concedieron durante la década kirchnerista. El mismo negociado que ahora quieren hacer por "derecha" Victoria Villarroel y el macrismo con la excusa de indemnizar a las "víctimas de actos terroristas de las organizaciones subversivas".
