EN LAS MANOS DE ESTOS VENDEPATRIAS ESTÁ EL DESTINO Y LA SOBERANÍA DE NUESTRA NACIÓN

La canciller macrista Susana Mabel Malcorra ("ex" CEO de IBM) anunció el pasado 14 de septiembre que se firmará un documento conjunto con avances en el posible regreso de los vuelos a Malvinas. La novedad la expresó en el Mini Davos y consideró que fue el producto de las conversaciones que sostuvo con Alan Duncan, vicecanciller británico.

Desde diversos grupos de veteranos de guerra se hizo saber el descontento. Ernesto Alonso, secretario del Centro de excombatientes Islas Malvinas de La Plata, expresó que “el Gobierno está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al alejarse del mandato constitucional de ratificar la soberanía sobre las Malvinas”. Y además agregó que están evaluando presentar una denuncia judicial contra Macri y Malcorra.

Por su parte, los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría adeptos y órganos propangandísticos del régimen, trataron el tema de manera muy superficial, como siempre hacen cuando de soberanía nacional o de integridad territorial se trata.

La excepción a ello fue el periodista Santiago Cuneo, quien en su programa de Canal 26 del domingo pasado arremetió fuertemente contra Malcorra.

Cuneo acusó a la canciller/ceo de no renunciar a la doble nacionalidad argentina - española que la funcionaria posee, y destacó que “tenemos una canciller que hace campaña para ser presidenta de la ONU con los recursos argentinos y negociando la dignidad argentina sobre Malvinas. Y, si se diera, ni siquiera sabemos si va a trabajar para Argentina ...”.

Pero ello no fue todo, sino que además acusó al marido de la canciller macrista de trabajar para el servicio de inteligencia británico, aduciendo que el mismo lo había revelado.

Evidentemente, el caso Malcorra es un capítulo más del gobierno de la "Patria" Entreguista.

LEGISLADORES MISIONEROS PRESENTARON AMPARO CONTRA EL DECRETO DE MACRI QUE REFORMÓ LA LEY DE TIERRAS

Los senadores misioneros Juan Manuel Irrazábal, Salvador Cabral y Sandra Giménez, y el Diputado Daniel Di Stefano de la misma provincia, presentaron a principios de septiembre una Acción de Amparo-Inconstitucionalidad del Decreto 280/16 del 29 de junio de este año, mediante el cual Macri reformó la Ley de Tierras. 

Según lo manifestado al Canal 6 de Posadas por el letrado de los legisladores, Dr. Juan Gabriel Labaké, “... esta ley forma parte de un conjunto normas que apuntan a crear una base militar norteamericana en la triple frontera”.

A continuación reproducimos el comunicado del Dr. Labaké con motivo de la presentación judicial ...

Estimados amigos y compañeros:

Los senadores nacionales por Misiones, Dres. Juan Manuel Irrazábal, Salvador Cabral y Sandra Giménez, junto con el diputado por la misma provincia Daniel Di Stefano, con mi patrocinio letrado, presentaron esta semana una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, por haber reformado inconstitucionalmente la llamada Ley de Tierras Nº 26.737.

Dicha reforma ilegal la perpetró el PEN a través de un simple decreto supuestamente reglamentario, el Nº 280/16.

De esa forma, y entre otras graves irregularidades, los senadores Irrazábal, Cabral y Giménez denuncian las siguientes:

1.- La ley 26.737 prevé que el Estado pueda analizar la composición accionaria de las empresas, así como los grandes capitales que las controlan, a fin de determinar quién detenta la “voluntad societaria”, independientemente del porcentaje accionario. En otras palabras, quiénes son los dueños reales de dichas empresas.

El decreto 280/16 eliminó esa facultad del Estado, es decir, modificó la ley, y ahora las empresas extranjeras compradoras de tierras pueden ocultar la identidad de sus verdaderos dueños. De esa forma, un grupo económico extranjero, políticamente “inocente” o no, puede comprar hoy medio territorio nacional sin que nosotros lo sepamos.

2.- El decreto reglamentario anterior, el Nº 274/12 exigía que los extranjeros residentes en el país que desearan comprar tierras debían tener una residencia efectiva.

El decreto 820/16 eliminó el requisito de la residencia efectiva. De esa manera, una persona extranjera que obtenga la residencia en el país, aunque no resida efectivamente, puede comprar tierras sin limitación alguna.

3.- El decreto 280/16 fundamenta sus modificaciones a la propia ley reglamentada, la 26.737, aduciendo que esa ley ha traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial”.

Es decir, se desprotege el territorio nacional para beneficiar a un pequeño grupo de comerciantes, intermediarios y especuladores, en su mayoría extranjeros, y nada inocentes. Jurídicamente el caso es más grave, pues se antepone una norma o conveniencia del campo privado, a una ley de derecho público.

Por todo ello, los senadores citados solicitaron al juez:

a)- Se dicte de inmediato una medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto Nº 280/16.

b)- Se declare la inconstitucionalidad del citado decreto, y su nulidad absoluta.

En el enlace que sigue está el reportaje que un canal de Misiones nos hizo a los protagonistas de este amparo.

Cordialmente agradecido por su difusión.

Juan Gabriel Labaké

Ver Nota y Video de la entrevista a los legisladores en Portal Web "Noticias del 6" (AQUÍ)