10/4/14

UN NUEVO PROYECTO DE LEY DE ABORTO ES PRESENTADO EN EL CONGRESO NACIONAL


Un grupo de sesenta diputados nacionales presentó el día de ayer, miércoles 9 de abril, un proyecto de ley pro-aborto, para ser debatido en el Congreso Nacional. Dicho proyecto ha sido elaborado por trescientas organizaciones reunidas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y apoyado por las firmas de más de sesenta diputados, que fueron quienes lo presentaron ayer al debate parlamentario. El grupo está conformado por legisladores de distintos partidos, si bien casi la mitad de ellos pertenecen al Frente para la Victoria, representante del oficialismo. A pesar de ello, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que el tema del aborto no pertenece a la agenda del Gobierno, que, aseguró, "ni promueve ni impulsa su despenalización". 

La primera iniciativa en orden a obtener la despenalización del aborto fue llevada por primera vez al Congreso Nacional en el año 2005. El presente proyecto, concretamente, ya ha sido presentado en cinco ocasiones, sin registrar avances, aunque es de temer que el éxito parlamentario no le será negado por mucho tiempo más, a juzgar por la composición ideológica de las distintas Cámaras, fiel reflejo del elevado grado de corrupción moral e intelectual que afecta al mundo en general, y en particular a nuestro país. En efecto, se viene observando desde hace ya tiempo entre los candidatos una clara orientación hacia posturas más “abiertas” en relación al tema del aborto. 

Bajo el aberrante lema de "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", en el que parece sintetizarse el cúmulo de inmoralidades en torno a la materia que se promueven desde la política, el proyecto busca que se llegue a permitir el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, y el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. Establece, asimismo, que se podría interrumpir el proceso de gestación si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves. 

Como es sabido, el aborto está (lamentablemente) despenalizado en la legislación argentina solo en el doble supuesto de que corriera peligro la vida de la madre, o bien de que el embarazo fuera el fruto de una violación a una mujer idiota o demente (cfr. Código Penal de la Nación Argentina, art. 86, inc. 1-2). Sin embargo, ya desde hace años se han multiplicado las autorizaciones judiciales, una de ellas incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (marzo de 2012), en orden a realizar una práctica que, por lo demás, se lleva a cabo clandestinamente con frecuencia en los centros de salud. 

Es precisamente con motivo de esta clandestinidad de hecho en que se practican los abortos que, a la hora de efectuar su reclamo, se apoyan las organizaciones abortistas, entre otras cosas, en la pretendida base de que es esa circunstancia la que eleva la mortalidad materna en el país, en la medida en se calculan (en un cifra grotesca y deliberadamente inflada) unos 500.000 abortos clandestinos por año. 

Pero todos estos pseudo-motivos, alegados con error y engaño, no serían suficientes sin la cada vez más difundida convicción de que lo que se halla en juego aquí es el ejercicio de un derecho, vale decir, el presumido derecho al aborto, un “derecho humano fundamental”, como afirmó el diputado de la UCR Manuel Garrido, quien también se refirió a la cuestión como “una de las asignaturas pendientes de estos 30 años de democracia”, inaugurados estos por su alma mater Raúl Alfonsín. 

A despecho de su ignorancia y brutalidad, el legislador confirma inconscientemente aquello que intuía Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae acerca de la democracia moderna, a saber, que “no falta quien considera [el] relativismo como una condición de la democracia, ya que sólo él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia” (n. 70).

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